El Departamento de Justicia anunció que se presentará ante los tribunales de su país como «amicus curiae» a favor de la Argentina.
En un gesto hacia el presidente Javier Milei, el gobierno de Donald Trump apoyará formalmente el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el complejo juicio por la expropiación de YPF.
El Departamento de Justicia de EEUU. presentó el martes un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por el 51% de las acciones que quedaron en manos del Estado tras la expropiación de la empresa en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner.
El fondo Burford Capital el principal beneficiario. La iniciativa de Estados Unidos, que no es vinculante, buscaría ganar tiempo mientras se desarrolla el proceso.
Hubo dos presentaciones judiciales el martes: una firmada por David E. Farber y otra por Benjamin H Torrance, dos abogados que trabajan en la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se presentaron concretamente para un amicus curiae en apoyo a la Argentina, aunque aún no se argumentaron los motivos del respaldo, que se estima que serán presentados en un nuevo documento los próximos días.
El “amicus curiae” es un instrumento legal utilizado por terceros independientes para aportar argumentos en causas judiciales que consideran de alto interés. Consultados por Clarín, ni Farber ni el Departamento de Justicia ofrecieron comentarios al respecto.
Actualmente, la sentencia del caso YPF se encuentra suspendida de forma momentánea, mientras se desarrolla el proceso de apelación iniciado por el Estado argentino. La movida del Departamento de Justicia busca garantizar que esa suspensión se mantenga durante todo el proceso judicial.
Un abogado experto en el tema y que sigue el caso en Washington señaló a Clarín que “la Corte no tiene ninguna obligación de prestar atención a uno u otro amicus curiae. Pero, por supuesto, si tenés al propio gobierno de Estados Unidos manifestando que apoya la postura argentina es un respaldo de peso”.
El experto resalta que Igualmente la Argentina ya tuvo un apoyo del Gobierno de Estados Unidos y aun así la jueza Preska terminó fallando contra el país.
Se refería concretamente a una presentación que el gobierno de Joe Biden hizo en octubre del año pasado, que le recomendaba a la jueza Preska que no tuviera en cuenta el pedido del fondo Burford de quedarse con las acciones de la empresa.
En aquel “amicus curiae”, presentado por el entonces fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, David Williams, se argumentaba que si el Estado entregaba las acciones se violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomendó a Preska que rechace esa solicitud.
Un argumento similar se presentaría en este caso poque el Departamento de Justicia considera que la entrega forzosa de acciones de una empresa estratégica como YPF afecta principios de inmunidad soberana.
Aquella presentación también hizo foco en que la opinión del gobierno estadounidense es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros, algo que podría repetirse en este caso.
Pero al fin y al cabo la jueza Preska no tuvo en cuenta las presentaciones de Biden y hace 10 días ordenó el traspaso de las acciones a Burford. Y puede volver a suceder en este caso.
Igualmente, la estrategia del Gobierno es también sumar más apoyos internacionales a este pedido para ganar peso en el juzgado.
Pero la iniciativa de Estados Unidos suma un respaldo vital para que otros estados presenten medidas similares. Si bien el Departamento de Justicia había ya hecho un gesto a la Argentina a través del gobierno de Biden, la buena relación entre el presidente Milei y Donald Trump ayuda a agilizar este tipo de iniciativas.
Preska es la magistrada que determinó que el Estado argentino debe cederle al fondo Burford Capital el 51% del paquete accionario de YPF. Esas acciones quedaron en manos del Estado cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof definieron la expropiación de la empresa en 2012.
El gobierno de Joe Biden ya se había presentado ante la justicia hace un año, cuando le pidió al tribunal que suspenda la ejecución de la sentencia que tramitaba Preska.
Los fondos Eton y Burford le iniciaron juicio a la Argentina por incumplir el estatuto de YPF al expropiarla en 2012 que decía que tenían que lanzar una oferta para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios. Eton era accionista, pero Burford le compró la quiebra (y el derecho de litigar) a la familia Eskenazi, accionista de YPF.
Los fondos lograron un fallo favorable por US$ 16.100 millones más intereses que Argentina hasta ahora evitó pagar.
Por otra parte, el fondo Bainbridge inició un reclamo por separado que ya cuenta con sentencia firme por alrededor de US$ 100 millones.
Fuente: Clarín
