La administración de Javier Milei argumentó que las leyes aprobadas por el Senado comprometen el equilibrio fiscal y presentan graves irregularidades reglamentarias.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el veto presidencial a tres leyes clave aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio: el aumento de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete.
La medida suspende el incremento del 7,2% en haberes y pensiones, así como el aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000, que iba a actualizarse por inflación. También queda sin efecto la moratoria que permitía jubilarse a quienes no contaban con los 30 años de aportes requeridos.
En relación al proyecto sobre discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, se vetó la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, que incluía el refuerzo de pensiones no contributivas por invalidez hasta el 70% del haber mínimo jubilatorio, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos.
El argumento central del Ejecutivo es que la implementación de estas leyes rompería el equilibrio fiscal, pilar de la política económica del Gobierno. “La política del superávit fiscal es permanente”, afirmó Milei durante su discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde también anticipó que, de ser necesario, judicializaría la cuestión.
Además del impacto económico, el decreto señala graves vicios reglamentarios en la sesión del Senado. Según el documento, la votación se realizó sin la convocatoria previa a los senadores, violando el reglamento interno. También se cuestiona que los proyectos fueron habilitados mediante una votación que requería dos tercios de los votos, y no una mayoría simple.
La Secretaría Parlamentaria, mediante la Resolución N° 1/25, resolvió no otorgar validez jurídica a los dictámenes incorporados a los expedientes CD-4/25, CD-5/25 y CD-6/25, por considerar que carecían de los requisitos reglamentarios esenciales.
Tras la oficialización del veto, el Congreso deberá tratar su rechazo. Para sostenerlo, el Gobierno necesita 86 votos en Diputados, si todos los legisladores están presentes. La ley del aumento jubilatorio había sido aprobada con 142 votos a favor, 67 en contra, 19 abstenciones y 28 ausencias. En el caso de la emergencia en discapacidad, se registraron 34 ausencias.
