Un vacío legal en la redacción del régimen complica la inclusión de proyectos mineros en expansión. El Gobierno sanjuanino y el sector privado presionan por una interpretación que destrabe inversiones clave.
San Juan atraviesa un momento de expectativa e incertidumbre respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que promete atraer capitales y dinamizar sectores estratégicos como la minería. Sin embargo, la aplicación del régimen a proyectos en expansión, como Gualcamayo y Los Azules, se encuentra trabada por un debate técnico: ¿puede el RIGI aplicarse a la extensión de vida útil de una mina ya existente?
El senador nacional Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, explicó que el caso de Gualcamayo está bajo análisis en Nación. “Me dijeron que no es un proyecto nuevo, sino una extensión, y eso está en discusión. Pero me aseguraron que lo van a resolver”, señaló tras dialogar con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea ratificó que el expediente sigue en evaluación. “El RIGI contempla ampliaciones de capacidad en otros sectores. En minería, prolongar la vida útil de un yacimiento es justamente eso: una ampliación productiva”, argumentó.
La interpretación es clave: sin el RIGI, muchas inversiones no serían rentables, especialmente en yacimientos de baja ley. Por eso, tanto el Gobierno provincial como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) insisten en que se contemple esta figura dentro del régimen.
La demora no solo afecta a Gualcamayo. También hay expectativa por la inclusión de Los Azules y otros proyectos como Veladero y Vicuña. Para San Juan, el RIGI no es solo una herramienta fiscal: es una apuesta por sostener el empleo, atraer divisas y ampliar el horizonte productivo de la minería.
Mientras tanto, el sector espera definiciones. La letra chica del régimen, lejos de ser un detalle menor, se ha convertido en el punto de inflexión entre el impulso o el estancamiento de inversiones millonarias.
