La administración de Javier Milei presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para frenar la ejecución de la sentencia que obliga a transferir el control estatal de la petrolera.
El Gobierno argentino respondió formalmente ante la Justicia de Estados Unidos en el marco del millonario juicio por la expropiación de YPF. La presentación, realizada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, busca suspender el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena la entrega del 51% de las acciones estatales de la petrolera como parte de pago de una sentencia por más de US$16.000 millones.
La reacción del Ejecutivo se produjo luego de que los beneficiarios del fallo rechazaran la solicitud argentina de frenar la ejecución. En su escrito, el Gobierno argumentó que cumplir con la orden judicial implicaría violar leyes nacionales, perder el control de una empresa estratégica y generar perjuicios a terceros, como las provincias productoras de hidrocarburos y los tenedores de bonos soberanos.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la expropiación de YPF no constituye una disputa comercial ordinaria, sino un conflicto “sin precedentes”, con una sentencia aún apelada. Por ello, solicitaron mantener el statu quo hasta que se resuelvan todas las instancias judiciales.
Uno de los ejes centrales de la defensa es que la transferencia de acciones no generaría beneficios inmediatos para los demandantes, ya que la legislación argentina —en particular la Ley 26.741— impide su venta sin aprobación del Congreso. Además, el Estado citó jurisprudencia del caso “Bainbridge” para reforzar su postura de que no existe antecedente legal que avale una medida de este tipo.
El juicio se originó por la estatización de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acordó una compensación con Repsol, principal accionista, pero no con los tenedores minoritarios. En septiembre de 2023, la jueza Preska falló a favor de estos últimos, condenando a la Argentina a pagar US$16.100 millones, cifra que asciende a US$17.750 millones con intereses.
Hasta ahora, el país ha evitado llegar a un acuerdo con los demandantes, lo que ha derivado en nuevas estrategias legales por parte de los acreedores, como el pedido de traspaso de las acciones estatales de YPF. El Gobierno sostiene que suspender la ejecución no perjudicaría a los demandantes y permitiría un litigio ordenado sobre cuestiones aún en discusión.
