La defensa de la expresidenta presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 en el que asegura que no puede afrontar los más de $684.000 millones exigidos y denunció irregularidades en la actualización del monto.
A pocas horas de que venza el plazo impuesto por el Tribunal Oral Federal 2, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó la suspensión del decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad. La expresidenta argumentó que no cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a los $684.990 millones establecidos y cuestionó la metodología utilizada para calcular esa cifra.
El tribunal había fijado un plazo de diez días hábiles para que los nueve imputados en la causa —entre ellos Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti— paguen de forma solidaria un total de u$s537 millones como parte de la condena por defraudación al Estado. Ese plazo vence este miércoles 13 de agosto, y en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes.
Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron dos escritos: uno en respuesta a la intimación y otro como recurso de casación contra la resolución que actualizó el monto del decomiso. En ambos, solicitaron que el caso sea tratado por el fuero civil y comercial, al considerar que el tribunal penal está excediendo sus competencias.
La defensa sostiene que ninguno de los bienes de Cristina Kirchner fue producto del delito, y que su patrimonio —así como el de su familia— ya fue declarado legítimo en causas anteriores con sentencias firmes. Por lo tanto, el decomiso implicaría violar la cosa juzgada y el principio de legalidad.
Además, advierten que la medida podría afectar a terceros, en particular a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, quienes serían legítimos propietarios por herencia de algunos de los bienes en cuestión, adquiridos antes de la condena.
Uno de los puntos más controvertidos es el método de actualización del monto. En 2022, el decomiso había sido fijado en $84.835 millones, pero fue declarado provisorio. Ahora, el tribunal lo elevó a más de $684.000 millones utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La defensa cuestiona que no se abrió el debate sobre la metodología y que, en casos recientes, el mismo tribunal rechazó el uso del IPC y aplicó tasas bancarias para actualizaciones similares.
Los abogados también remarcaron que el tribunal estaría confundiendo la figura del decomiso con una reparación civil, lo que podría derivar en un efecto confiscatorio y en una doble penalización patrimonial. Por ello, solicitaron que se incorpore prueba documental sobre los bienes, que se convoque a los hijos de la expresidenta para ejercer su defensa y que se suspenda la ejecución prevista.
La presentación judicial se da en un contexto de alta tensión política y mediática, con la expresidenta en el centro de la escena judicial y con un fallo que podría tener repercusiones patrimoniales y simbólicas de gran magnitud.
