Con el Decreto 449/2025, el Ejecutivo busca agilizar trámites, atraer inversiones y fortalecer el desarrollo minero. En San Juan, referentes del sector celebran la medida y anticipan un nuevo impulso para proyectos clave.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la modificación del Régimen de Inversiones Mineras, a través del Decreto 449/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce cambios sustanciales en las leyes 24.196 y 24.466, con el objetivo de reducir la burocracia, facilitar la llegada de capitales y optimizar la gestión de la información geológica del país
- Simplificación de los certificados de estabilidad fiscal, que ahora se emitirán con plazos más cortos y sin necesidad de relevamientos tributarios extensos por parte de provincias y municipios.
- Eliminación de formularios complejos, como el del artículo 18, que exigía más de 1.000 campos de datos, muchos sin respaldo legal. Será reemplazado por un informe técnico profesional.
- Reorganización del Banco Nacional de Información Geológica, que pasa a estar bajo control del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), con el fin de centralizar y profesionalizar la gestión de datos clave para el sector
San Juan, en el centro de la escena
La provincia de San Juan, una de las principales productoras mineras del país, se perfila como una de las grandes beneficiadas por esta reforma. El senador sanjuanino Bruno Olivera (La Libertad Avanza) celebró la medida y aseguró que “simplifica trámites, que es lo que venían pidiendo las empresas. Hay un interés real del Gobierno nacional por los proyectos mineros”.
Desde el sector privado también hubo reacciones positivas. Empresarios y técnicos vinculados a proyectos de cobre, oro y litio —como los que se desarrollan en Iglesia, Calingasta y Jáchal— destacaron que la reducción de trabas administrativas y la mayor previsibilidad fiscal podrían acelerar inversiones que hoy se encuentran en etapa de evaluación o pre-factibilidad.
Además, la obligación de las empresas de compartir información geológica de superficie con el SEGEMAR permitirá mejorar la transparencia y el acceso a datos estratégicos para nuevos desarrollos.
Una señal política al sector
La reforma llega en un contexto de fuerte impulso a la minería como motor de crecimiento económico. Según fuentes oficiales, el nuevo esquema busca reducir el riesgo institucional, brindar mayor seguridad jurídica y posicionar a la Argentina como un destino competitivo para la inversión minera global.
En San Juan, donde la minería representa un pilar clave de la economía provincial, la medida fue leída como una señal clara de respaldo al sector. “Es un paso necesario para que los proyectos avancen con mayor agilidad y menos incertidumbre”, señalaron desde la Cámara Minera local.
