- Son aumentos para jubilados y fondos para las provincias, entre otros.
- El oficialismo y los aliados del Gobierno ven venir la derrota.
La presión de los gobernadores llegó al Senado y la oposición está alineada para avanzar con los proyectos que promueven el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y también las reformas para que las provincias reciban más fondos. Todas estas iniciativas son resistidas por el Gobierno y Javier Milei ya anticipó que las vetará porque, argumentan, afectan el superávit fiscal.
El peronismo formalizará este lunes el pedido de sesión para el próximo jueves 10 de julio y desde la Casa Rosada operan contrarreloj para desactivar el debate, en un momento que recibe fuerte presiones de sus aliados por el armado electoral para las elecciones de octubre.
El punto es que no hay una posición homogénea entre los gobernadores como se reflejó cuando surgió la idea de presentar los proyectos de reforma en la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
Hay un sector de los gobernadores que presiona para avanzar a paso firme con el temario, pero los más dialoguistas son cautelosos porque trabajan en la búsqueda de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA).
«No podemos poner en riesgo la gobernabilidad y romper relaciones con el Gobierno», contaron a Clarín que llegaron a plantear algunos caciques.
Dos tercios
Los proyectos para coparticipar recursos que ahora maneja el Poder Ejecutivo de forma discrecional no tienen dictamen de comisión.
El reglamento del Senado fija que para que una iniciativa sea tratada en el recinto debe cumplir ese requisito. De no ser así, se necesitan dos tercios de los senadores presentes para habilitar el debate sobre tablas.
Desde el peronismo están confiados en que juntarán esos dos tercios. Además, las propuestas de suba en las jubilaciones y moratoria previsional que tienen media sanción de Diputados obtuvieron dictámenes en reuniones de comisiones que no fueron convocadas de manera formal, aunque la oposición consiguió el quórum y los avales para llevar los temas al recinto.
No obstante, desde el peronismo relativizaron estas trabas confiados en que reunirán los dos tercios para habilitar el tratamiento de todos los proyectos como así también los votos para aprobarlos con la mayoría especial y blindar lo aprobado por el Congreso.
En caso de veto de Javier Milei, el Congreso puede insistir con las leyes con los dos tercios de los votos.
Previamente hay que esperar ver cómo juega la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien podría dilatar la fecha de convocatoria de la sesión para que el Gobierno gane tiempo y haga un intento por acordar con algunas provincias para podar el poder de la oposición. Aunque como advirtió un senador, «si no es la próxima semana será la otra».
El escenario no es el ideal para el oficialismo que también pone una vela para que los K no consigan los dos tercios. Pero eso es difícil que ocurra porque el proyecto de ATN y reforma del impuesto a los combustibles fue firmado por 10 senadores, entre ellos algunos aliados como Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (PRO) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
También acompañaron la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, y la chubutense Edtih Terenzi, que está alineada con Ignacio «Nacho» Torres. Mientras que el salteño Juan Carlos Romero, no lo firmó pero se manifestó a favor de las propuestas que otorgan más fondos a las provincias.
Se especula que el oficialismo quedará en soledad a la hora de rechazar la votación de los proyectos mediante los cuales los gobernadores buscarán asegurarse más fondos como así también el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.
Hay dudas sobre la nueva moratoria previsional que reemplaza a la que venció en marzo pasado porque el radicalismo y el PRO la rechazan, aunque el peronismo con 34 votos, más los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; sumarían 36 voluntades y estarían a un voto.
Los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri, quienes acompañaron al peronismo para habilitar el tratamiento en comisión, firmaron un dictamen de minoría porque pretenden «un sistema de moratoria permanente y no en la apertura arbitraria».
La incógnita será cómo avanzan en Diputados los proyectos que empujaron los gobernadores, ya que si bien tendrían los votos para aprobarlo está en duda que se alcancen los dos tercios para blindarlos como en el Senado.
Más allá de lo que ocurra en el Congreso, el debate quedará abierto sobre el impacto que las medidas tendrán en el superávit fiscal.
Con la reforma del impuesto a los combustibles, los gobernadores buscan que la suma se reparta únicamente entre las provincias, que pasarían a recibir el 58,36 %, mientras que el resto se distribuiría entre el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación al transporte público. Según indicaron las provincias, el costo fiscal es de 0,2 % del PBI.
Es cierto que esta modificación no afecta el superávit fiscal, pero como informó este diario, en el Ministerio de Economía estimaron que sólo los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad tienen un costo fiscal de 2 puntos del producto.
Si a esto se suman el financiamiento a las universidades y la emergencia del hospital Garrahan, el Gobierno quedaría lejos del superávit fiscal de 1,6% del PBI que había prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.
Fuente. Clarín
