El decreto 585/2025 elimina la autarquía del Instituto Nacional de Vitivinicultura, lo subordina al Ministerio de Economía y recorta su capacidad de fiscalización.
El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que deja de ser un ente autárquico y pasa a depender directamente del Ministerio de Economía. El decreto 585/2025, firmado por Luis Caputo y Javier Milei, transforma al organismo en una unidad organizativa con solo dos áreas operativas, limitando su función principal a verificar que el vino sea apto para el consumo.
La medida implica la eliminación de tres áreas clave: Administración, Asuntos Jurídicos e Informática, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Producción. Además, se derogan cargos del Nomenclador del sistema de Empleo Público, incluido el del presidente del INV, Carlos Tizio, quien había preparado el terreno para estos cambios durante el último año y medio.
Desde el INV advierten que la sede central en Mendoza pierde protagonismo, y que las decisiones pasarán a tomarse desde Buenos Aires. También se prevé un fuerte ajuste de personal, especialmente en áreas de fiscalización y apoyo, lo que genera preocupación entre los trabajadores.
De las 12 coordinaciones y direcciones actuales, solo quedarán dos: la Dirección de Registro y Certificación de Vinos y Alcoholes, y la Dirección de Fiscalización Analítica, Especiales y Métodos de Control, que incluye los laboratorios tradicionales. Ambas deberán trabajar “articuladamente”, según el decreto.
El nuevo rol del INV se centrará en controlar el producto final antes de su comercialización y exportación, dejando de lado el seguimiento integral de la cadena productiva. No se menciona el control de genuinidad del vino, una función clave que estaba contemplada en el marco legal anterior.
Además, el organismo deberá:
- Asesorar al sector vitivinícola en trámites de exportación e importación.
- Articular técnicamente con organismos internacionales como la OIV y la FAO.
- Proponer mecanismos técnicos de control.
- Mantener actualizada la información sobre aranceles y regímenes de importación.
La decisión generó una fuerte reacción sindical. Mariano Lucero, delegado de ATE en el INV, advirtió que “se redujo la estructura de Fiscalización en un 50% y las áreas de apoyo en un 100%”, lo que podría derivar en despidos masivos, especialmente entre los más de 100 contratados.
Ante esta situación, los delegados gremiales siguen los pasos del INTA, que logró frenar cambios similares mediante una medida cautelar. ATE prepara un amparo judicial para defender al organismo y sus trabajadores, mientras corre el plazo de 8 días hasta la reglamentación definitiva del decreto, que se cumpliría el 27 de agosto.
En paralelo, el Congreso aún debe tratar el decreto original (462/2025), vetado por Diputados y que será debatido en el Senado el jueves 21, lo que abre una ventana de incertidumbre sobre el futuro del INV.
