Tras el fracaso con los pliegos en el Senado y varios meses de especulación, los jueces fueron nombrados directamente por el Presidente Javier Milei.
El Gobierno anunció hoy que el presidente Javier Milei designó por decreto en la Corte Suprema al juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla «hasta la finalización del próximo período legislativo».
De este modo, el Gobierno designó a ambos juristas en comisión y hasta la «finalización del próximo período legislativo».
Defensa del decreto de Javier Milei
«El 20 de marzo de 2024, el Presidente comunicó su decisión de nominar a García-Mansilla y Lijo, y enviar sus pliegos al Senado para su correspondiente acuerdo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», consignó la Oficina del Presidente.
Y evocó que «posteriormente, el 15 de abril del mismo año, el Poder Ejecutivo cumplió con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de estos candidatos, dando amplia difusión a sus antecedentes curriculares. En esa misma línea, se iniciaron los expedientes administrativos para dar curso a los procedimientos de consulta participación ciudadana correspondientes a cada una de las candidaturas».
«Habiendo cumplido con todos los requisitos procedimentales, el 27 de mayo del año pasado esta administración remitió al Senado los mensajes correspondientes para solicitar el acuerdo de ambos candidatos», añadió.
Y recordó que «tras cumplirse las audiencias de Lijo, el 21 de agosto, y de García-Mansilla, el 28 del mismo mes, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado».
«No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el periodo ordinario, el Presidente optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el Presidente», aclaró el Gobierno.
Y sostuvo que «desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos. La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio», reprochó.
Y señaló que no hubo acompañamiento legislativo «a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo».
También se apoyó en el «artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema».
El Gobierno decidió así ampliar el funcionamiento de la Corte, que luego de la salida del magistrado Juan Carlos Maqueda había quedado conformada por tres integrantes: Horacio Rosatti, presidente del cuerpo; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El antecedente más reciente de una iniciativa de estas características es el de Rosenkrantz y Rosatti, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por Macri, pero que finalmente asumieron con el acuerdo del Senado durante 2016.
Fuente: Los Andes
