La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de la defensa para morigerar aún más sus condiciones
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes mantener las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El máximo tribunal penal del país ratificó la obligatoriedad del monitoreo electrónico mediante tobillera y la exigencia de autorización previa para visitas fuera del entorno familiar o profesional inmediato.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de la defensa de la ex mandataria, que había solicitado morigerar aún más las condiciones de su prisión domiciliaria. También se pronunció sobre un recurso del Ministerio Público Fiscal, que finalmente fue desistido por el fiscal general Mario Villar durante una audiencia oral y pública.
La mayoría del tribunal —conformada por Hornos y Barroetaveña— consideró que las medidas vigentes permiten un control judicial efectivo y garantizan tanto la seguridad personal de la ex presidenta como la integridad del proceso penal. En disidencia, Borinsky sostuvo que la tobillera electrónica no era necesaria, dado que Fernández de Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal.
En su resolución, los jueces destacaron que la prisión domiciliaria es una excepción sujeta a control judicial constante, y que las condiciones pueden ser revisadas si cambian las circunstancias. Además, subrayaron que la ley vigente establece como regla general el uso de dispositivos electrónicos de control, salvo excepciones debidamente justificadas.
“El arraigo y el bienestar social de la señora penada permanecen plenamente garantizados”, señala el fallo. “No se advierte limitación alguna a sus derechos, antes bien, se conjuga su ejercicio con la exigencia de que la pena se cumpla eficazmente y sin riesgos”.
El domicilio de cumplimiento de la pena seguirá siendo el mismo, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces recordaron que cualquier modificación sobre el uso del espacio público en torno a la vivienda corresponde al Gobierno porteño y no a la justicia penal.
La decisión judicial reafirma que el cumplimiento de penas por delitos de corrupción debe aplicarse con igualdad ante la ley, sin distinción de jerarquías ni privilegios, en línea con los principios constitucionales.
