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sábado 2 agosto 2025
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Revés judicial para los dueños de Grido: podrían enfrentar un juicio oral por asociación ilícita fiscal

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La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de los tres ejecutivos de Helacor, acusados de integrar una organización para evadir impuestos entre 2007 y 2012.

Un nuevo capítulo judicial sacude a los dueños de Grido, la cadena de heladerías más grande del país. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago, ejecutivos de Helacor, y dejó abierta la posibilidad de que enfrenten un juicio oral por asociación ilícita fiscal.

La causa, que investiga presuntas maniobras de evasión cometidas entre 2007 y 2012, sostiene que los empresarios habrían conformado una organización destinada a cometer delitos tributarios para maximizar sus ganancias. El esquema habría abarcado todas las etapas del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados, involucrando también a terceros y franquicias.

Los acusados habían adherido al blanqueo de capitales de 2013, reconociendo el delito y suscribiendo Cedin por USD 2 millones. Sin embargo, la Justicia consideró que ese régimen no alcanza al delito de asociación ilícita fiscal, como pretendían los imputados.

Según la exAFIP (hoy ARCA), los directivos habrían implementado un sistema conocido como “operaciones W”, que permitía la comercialización marginal de helados a gran escala, evitando el pago de impuestos nacionales. El operativo de 2012 incluyó más de 18 allanamientos y detectó la participación de contadores y abogados cercanos a la empresa.

En su momento, los ejecutivos ofrecieron una reparación integral de $240 millones destinados a organizaciones de bien público, mientras sus abogados solicitaron la aplicación retroactiva del régimen de regularización fiscal aprobado en 2024. No obstante, la Cámara rechazó esa interpretación.

Fuentes cercanas al caso señalaron que, si bien el juicio oral es una posibilidad, aún existen instancias recursivas y no se descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El punto central es la disparidad de criterios sobre las leyes de sinceramiento fiscal”, explicaron.

La resolución marca un giro en una causa que lleva más de una década y podría sentar un precedente clave en materia de delitos tributarios complejos.

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