El gremio del Instituto Nacional de Vitivinicultura sigue los pasos del INTA y busca una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto 462. La vía judicial se convierte en el principal frente de resistencia ante una reestructuración que amenaza cientos de puestos de trabajo.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) decidieron no quedarse de brazos cruzados ante el avance del decreto 462, impulsado por el presidente Javier Milei, que propone una profunda reestructuración del organismo. Al igual que sus pares del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acudieron a la Justicia en busca de una medida cautelar que frene los efectos del decreto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que acompaña a los más de 429 empleados del INV en su reclamo. Días atrás, APINTA (Asociación del Personal del INTA) presentó un recurso de amparo que fue admitido por la Justicia Federal, lo que marcó un precedente clave para el nuevo frente judicial.
“El decreto afecta directamente las fuentes de trabajo, que es lo que defendemos. Si se demuestra que hay peligro inminente, legalmente deberían suspenderse los plazos de aplicación”, explicó Mariano Lucero, delegado gremial del INV, en diálogo con diario UNO.
El expediente 29320/2025, caratulado como “APINTA y otro c/Estado Nacional PEN s/acción de amparo”, se tramita en el Juzgado Nacional del Trabajo de Primera Instancia. Fue impulsado por Mario Romero, secretario general del gremio del INTA, y representa una herramienta jurídica para evitar daños mayores mientras se define el futuro del decreto.
Congreso sin garantías, Justicia como refugio
Con la mirada puesta en el 8 de agosto, fecha prevista para el tratamiento del decreto en el Congreso, los trabajadores del INV y del INTA reconocen que las chances de frenar la iniciativa por vía legislativa son escasas. En el caso del INV, apenas cinco votos en contra se cuentan entre los legisladores mendocinos, lo que deja poco margen para la esperanza de un veto.
Por eso, la estrategia se concentra en el ámbito judicial. En Mendoza, los directores de las estaciones experimentales del INTA comenzaron a “militar” la causa entre los legisladores nacionales, aunque sin resultados concretos hasta el momento.
Mientras tanto, en una reciente reunión entre funcionarios y dirigentes, se ratificó la reestructuración del INV, lo que aceleró los tiempos del reclamo gremial. La presentación judicial se perfila como el último recurso para preservar los derechos laborales y evitar que el decreto se aplique sin contemplar sus consecuencias sociales.
